Las 300 víctimas mortales de ETA «sin justicia» en Euskadi

El envoltorio de un caramelo. Una pistola que pasa de mano en mano. Un rastro de sangre. Son tres ejemplos aislados de pruebas que en los últimos años han servido para identificar a los autores de asesinatos y rasgar así la impunidad que jalona más de 300 crímenes de ETA que permanecen sin esclarecer. El director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, Florencio Domínguez, y la periodista y doctora en Comunicación María Jiménez bucean en ese océano de homicidios sin aclarar en una obra que acaba de ver la luz: ‘Sin justicia. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver’. Un exhaustivo trabajo de más de 700 páginas donde los dos autores escudriñan los 315 asesinatos de la banda posteriores a la amnistía de 1977 que quedaron sin resolver pero también en los 63 anteriores. De ellos, 152 se produjeron en Bizkaia, 19 en Álava y 124 en Gipuzkoa.

«El grueso de los asesinatos de ETA sin resolver se sitúa en el País Vasco y Navarra porque es donde se concentran los atentados en los ‘años de plomo’. Hasta la mitad de los 80 no empiezan a registrarse en Madrid y Barcelona», explica Florencio Domínguez. En aquel momento, el País Vasco y Navarra reúnen buena parte de las razones que hacen que un crimen quede irresuelto. «Una potente e intensa actividad terrorista, que ejerce además un acoso importante sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con una gran capacidad de intimidación sobre la sociedad». La amenaza de ETA, en este sentido, fue muy explícita. La banda acusó de confidentes y asesinó a «decenas de personas que en la mayoría de los casos no lo serían, pero sus asesinatos cumplían la misma función, que era crear un clima de intimidación colectiva».

Avances técnicos

Más allá del contexto general, los motivos que llevan a que un caso quede sin esclarecer resultan de lo más variado. «En Bizkaia hay media docena de asesinatos que son cometidos por el ‘comando Beltza’, que va dejando un rastro balístico. Se sabe que cometen los atentados con las mismas armas pero no se puede acusar a nadie porque, aunque los miembros del comando están identificados por la Policía, no se sabe en qué asesinatos participan. El comando huyó a Francia y nunca se pudo acusar a nadie», explica el director del Memorial.

El rastro de un arma, por claro que sea, tampoco es suficiente en algunas ocasiones. «Hay una pistola que se sabe que pasa de mano en mano entre diferentes y sucesivos miembros del ‘comando Bizkaia’. Más tarde, ya en el año 1995, será incautada en Andalucía. Hay 16 asesinatos con esa pistola, el último el de un policía en la oficina del DNI», detalla Domínguez. Se conoce el arma pero no quién la portaba en cada momento. Un callejón sin salida.

Hay otras ocasiones todavía menos explicables. «Cuando se detiene al etarra Zabarte Jainaga en 1985 lleva un arma con la que se han cometido cinco asesinatos y se le juzga por cuatro. No tiene ningún sentido. Tuvo que ser un despiste judicial», zanja el investigador. El quinto asesinato fue el de José Naranjo, un policía municipal de Elorrio.

Ante la dificultad de alcanzar una verdad jurídica, los dos autores coinciden en reivindicar «una verdad histórica» que puede ayudar a paliar el daño en muchas familias. Ahí no hay prescripción que valga porque cualquier dato puede ayudar a los allegados en un duelo que muchas veces está mal cerrado.

Sin prueba

Con todo, hay esperanza de lograr una verdad completa gracias a avances técnicos que pueden ayudar todavía a resolver algunos casos. «La Ertzaintza cuenta con una gran base de datos de ADN por delitos de kale borroka que se pudo utilizar una vez que algunos de ellos pasaron a ETA», explica Domínguez. Esa prueba, el ADN, aparece por primera vez en el juicio por el asesinato del juez Falcone, donde el FBI facilita esa información gracias a unas colillas que habían fumado sus asesinos. Pero la investigación y extensión de las pruebas de ADN en el ámbito policial será posterior, ya en los años 90. También llegó a la lucha contra ETA. «Un envoltorio de caramelo abandonado en el coche donde huyeron los etarras tras el asesinato de dos ertzainas en Beasain sirvió para identificar a Mikel Carrera», añade el autor de la obra.

En otros atentados no se pudo conservar la prueba que hoy permitiría aclarar el crimen. El director del Centro Memorial busca un ejemplo. «El caso del dirigente de UCD en Bizkaia José Ignacio Ustaran es muy claro. Quedó un rastro de sangre del asesino y la Policía, en aquella época, sólo pudo extraer el grupo sanguíneo. Hoy -ese homicidio- habría tenido fácil resolución», lamenta.

La amnistía de 1977 es otra de las causas que hicieron que muchos crímenes quedaran sin aclarar. También influye la huida de los autores a países donde no era posible detenerlos ni extraditarlos -Venezuela, Cuba y Cabo Verde, entre otros-, así como la vigencia del santuario francés de Iparralde, donde Francia no perseguía a los etarras en los 80. «Existen otros 181 casos que estaban resueltos policialmente pero no judicialmente. 78 de ellos incluso llegaron a juicio, y en 50 se acusó a los autores pero fueron absueltos o condenados por otros delitos, como colaboración», detallan los investigadores. La muerte de los autores -ya fuera de forma natural o en tiroteos con la Policía y en explosiones- impidió esclarecer 59 casos.

Enlace de origen : Las 300 víctimas mortales de ETA «sin justicia» en Euskadi